La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de Ley que le permite al Poder Ejecutivo contratar un seguro colectivo contra contingencias climáticas de granizo y/o heladas tardías o primaverales en beneficio de los productores agrícolas de vid, frutales, hortalizas de verano y cereales para forrajes, inscriptos en el Registro del Uso de la Tierra (RUT).

La Ley estipula que el nivel de cobertura compensará a partir del 50% del daño de los cultivos dañados y deberá ser percibido antes del 30 de abril de cada año. Además, el seguro agrícola será optativo para el productor y deberá proveer al productor un nivel de compensación básico superior al que brinda el sistema de Fondo Compensador Agrícola.

En tanto, las tasaciones serán realizadas por medio de peritos contratados por las aseguradoras.
La empresa que resulte adjudicataria de la contratación deberá ofrecer un seguro voluntario similar a la cobertura básica -pero a precios de mercado- para los productores que no reciban apoyo financiero por parte del Estado.

Asimismo, el Poder Ejecutivo subsidiará el seguro básico de los productores agrícolas beneficiarios que posean un total de hasta veinte (20) hectáreas cultivadas en producción.

La Ley Nº 8970 establece también que aquéllos productores agrícolas con cobertura con malla antigranizo que reciban este seguro colectivo, podrán solicitar la exclusión de dicha superficie cultivada correspondiente al componente granizo, al momento de declarar sus cultivos al RUT. Lo mismo sucederá con los que posean un sistema de seguro o compensador de los daños ocasionados por el granizo y/o helada.

En caso de contar con otros sistemas de seguros contra daños ocasionados por el granizo y/o la helada, sólo aportarán por la contingencia que no tengan previamente cubierta.

En su artículo 13, la Ley estipula que la Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, a través de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas o la que en el futuro la reemplace, quien deberá efectuar la imputación presupuestaria correspondiente a efecto de financiar el gasto que irrogue la contratación del Seguro Colectivo, con cargo a las partidas del presupuesto vigente de cada ejercicio.

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